En un escenario económico complejo, el Ministerio de Economía de la Provincia determinó una readecuación del esquema de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema sin desatender a los sectores más vulnerables.
La medida busca ordenar la distribución del beneficio, sosteniendo el acompañamiento a los usuarios de menores recursos, mientras introduce ajustes para los sectores de mayor poder adquisitivo, incluyendo barrios privados y viviendas de uso ocasional como casas de fin de semana.
Desde la cartera económica que conduce Alejandro Barrozo, se remarcó que la decisión responde a la situación financiera que atraviesa la provincia, agravada por el congelamiento del aporte nacional al subsidio.
Los datos muestran con claridad el peso que recae sobre las cuentas provinciales:
- En febrero, el kilo de gas costaba 2.317 pesos: el Gobierno nacional aportó 199 pesos, el usuario pagó 80 pesos, y la provincia cubrió más del 80% del total.
- En marzo, con un valor de 2.362 pesos por kilo, la estructura se mantuvo, aunque el esfuerzo provincial superó el 88%.
- Para abril, se prevé un nuevo incremento en el precio. Mientras Nación continuará con su aporte congelado en 199 pesos, el usuario pasará a abonar 120 pesos (alrededor del 5% del costo), y la provincia seguirá absorbiendo más del 86%.
Barrozo subrayó que, históricamente, el Estado provincial se hace cargo de más del 88% del subsidio, una proporción que se incrementó ante la falta de actualización del aporte nacional.
La readecuación impulsada no implica un retiro del acompañamiento estatal, sino una redistribución más equitativa. En ese sentido, se busca que quienes tienen mayor capacidad contributiva afronten una porción mayor del costo, permitiendo sostener el beneficio para quienes más lo necesitan.
Actualmente, el subsidio alcanza a unos 5.800 beneficiarios en toda la provincia: más de 3.500 en Ushuaia, más de 1.800 en Río Grande y 471 en Tolhuin.
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que la prioridad es garantizar la continuidad del programa en un contexto de recursos limitados. La decisión, aseguran, refleja una política de equilibrio: mantener la protección social sin comprometer la estabilidad financiera provincial.
En ese marco, la actualización del esquema tarifario aparece como una herramienta necesaria para sostener un sistema que, aun con cambios, seguirá teniendo un fuerte respaldo del Estado provincial.